EL GRANERO DE EUROPA- RUMANIA

EL GRANERO DE EUROPA

• TERRENOS AGRICOLAS EN RUMANIA
El sector agrícola
La agricultura representó el 19 por ciento del PIB de Rumania en 1991 y dio empleo al 29 por ciento de la mano de obra. Los cultivos más importantes son, con mucha diferencia, los cereales, ocupando el trigo y el maíz aproximadamente un tercio de la superficie cultivable del país. Durante el período de 1986-90 la producción media de trigo fue de 7,3 millones de toneladas y la de maíz de 9,8 millones. Otros cultivos importantes son las semillas oleaginosas: la producción media de semillas de girasol fue de 700 000 toneladas durante 1986-90, mientras que la de soja fue de unas 300 000 toneladas al año. El producto pecuario más importante es la carne de porcino.
Rumania fue durante algún tiempo exportadora neta de productos agropecuarios, enviando al exterior grandes cantidades de trigo y, en algunos años, maíz. Otras exportaciones importantes han sido los productos pecuarios, el aceite de girasol, las frutas y las hortalizas. Durante la mayor parte del período comunista, Rumania importó soja y, en algunos años, maíz. No obstante, durante los últimos años de la época comunista, la campaña del Gobierno encaminada a eliminar la deuda exterior provocó una fuerte reducción de las importaciones de alimentos para pienso y la decidida promoción de las exportaciones agrícolas. Estas medidas ocasionaron una grave escasez interna de la mayor parte de los alimentos básicos.
Durante el período comunista, la estructura agrícola estuvo dominada por las granjas estatales y cooperativas. Las granjas estatales, con una extensión media de 5 000 ha, cubrían el 20 por ciento de la tierra agrícola y el 16 por ciento de la tierra cultivable. Se trataba de empresas de propiedad estatal en que los trabajadores tenían la condición de empleados. Las granjas cooperativas tenían una superficie media de 2 000 ha. Los trabajadores de estas cooperativas eran «socios», más que empleados, y sus ingresos dependían teóricamente de los resultados obtenidos por la cooperativa. En la práctica, había poca diferencia en el funcionamiento y gestión de estos dos tipos de explotación. No obstante, la privatización de ambas se está llevando a cabo en formas diversas.
El sector privado no estaba exento de importancia, e incluía aproximadamente el 9 por ciento de unas tierras agrícolas que se encontraban sobre todo en regiones montañosas no aptas para la agricultura colectivizada en gran escala. Otro 8 por ciento correspondía a parcelas de 0,5 ha distribuidas entre los miembros de las cooperativas, para su uso personal. El sector privado aportaba casi el 40 por ciento de la producción de carne, fruta y hortalizas.
Reforma de políticas
En comparación con otros países en transición de Europa central, el proceso de reforma rumano ha sido muy gradual y prudente, con el fin de proteger a la población y limitar el impacto recesionista de las reformas estructurales.
Precios al por menor. Una primera oleada liberalizadora tuvo lugar en noviembre de 1990, cuando se suprimieron los controles de los precios, con exclusión de una lista de 22 productos de primera necesidad, cuyos precios, fijados por el Gobierno, fueron objeto de subvenciones. Así, los alimentos básicos, junto con la energía y las comunicaciones, quedaron sujetos a un sistema de control de precios. En una serie de medidas adoptadas durante 1991 y 1992, se elevaron los límites máximos administrativos, se pagaron subvenciones alimentarias a los fabricantes para compensar las pérdidas ocasionadas por los límites máximos a los precios al por menor, y se redujo el número de productos sometidos a tales límites. A partir de septiembre de 1992, éstos sólo persistían para el pan, mantequilla, leche y leche en polvo.
El 1° de mayo de 1993 se suprimieron las restantes limitaciones oficiales de precios máximos al por menor, lo que hizo que los precios del pan se multiplicaran por más de cuatro. No obstante, continúa la subvención alimentaria en favor de la carne de vacuno, porcino y aves de corral y de la leche. Estas subvenciones se pagan a los centros de elaboración de producción estatal que respetan los precios mínimos al productor establecidos por el Gobierno.
Precios al productor. Los precios en los mercados rurales se liberalizaron poco después de la revolución de 1989, pero el Gobierno ha establecido precios mínimos para los productos básicos que deberán ser respetados por todas las empresas estatales de adquisición. Estos precios han subido varias veces pero, por lo general, no tanto como la inflación. A partir del 1° de mayo de 1993 continuaron en vigor los precios mínimos correspondientes al trigo, maíz, carne de porcino, vacuno y aves y leche. El monopolio de hecho de las empresas compradoras estatales tiende a mantener los precios próximos a los niveles mínimos. La privatización ha sido lenta en los sectores relacionados con la comercialización, y los productores no tienen todavía prácticamente otra alternativa que la venta a los organismos compradores estatales. Los bajos márgenes de beneficio de las empresas estatales y su acceso preferencial a las subvenciones estatales les permiten adelantar insumos y medios financieros a los agricultores a cambio de contratos de compra a plazo; no obstante, ello ha provocado la aparición de barreras a la entrada de nuevos agentes privados en el suministro y comercialización de productos agrícolas.
Políticas comerciales. La primera medida del Gobierno después de la revolución fue prohibir todas las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios, invirtiendo las políticas anteriores de apoyo a la exportación, independientemente de los efectos sobre el suministro interno de alimentos. Al mismo tiempo, se autorizó la importación de insumos fundamentales. Estas importaciones fueron inicialmente posibles por las reservas de divisas fuertes que se habían acumulado durante el año anterior.
En 1991 se liberalizaron la mayor parte de las importaciones y exportaciones, aunque en relación con muchos productos agrícolas continuaron aplicándose contingentes y prohibiciones a la exportación. El leu se devaluó y se hizo parcialmente convertible, se autorizaron las subastas de monedas fuertes y se abolió el monopolio estatal sobre el comercio exterior. Desde enero de 1992 se autorizó a los exportadores a conservar sus ingresos en monedas fuertes.
A partir del 31 de mayo de 1993 se levantaron las prohibiciones a la exportación de productos agrícolas, con la excepción del trigo y la mantequilla. Las importaciones agrícolas están sometidas a aranceles bastante elevados, aunque son frecuentes las exenciones para «importaciones de emergencia» en respuesta a situaciones previstas de escasez.
Privatización no agrícola. La privatización en pequeña escala comenzó en febrero de 1990 con un decreto que autorizó la formación de empresas privadas con no más de 20 empleados. La Ley de Sociedades Comerciales, aprobada en noviembre de 1990, suprimió la mayor parte de las restricciones al establecimiento de nuevas empresas. A partir también de esa fecha, se ha promovido el alquiler de bienes estatales. Al final de 1992, fuera del sector agrícola había más de 200 000 empresas privadas en Rumania (incluidas las nuevas empresas privadas y las dependencias públicas gestionadas privadamente), que daban empleo aproximadamente a 1,4 millones de personas.
La privatización en gran escala comenzó con una ley de agosto de 1990, en la que se establecía la reconversión de todas las empresas estatales en compañías comerciales, en que el Gobierno conservaba todas las acciones pero que están destinadas a la privatización, o en las llamadas régies autonomes, que deberían continuar siendo propiedad del Estado. Teóricamente, las régies autonomes deberían estar localizadas en industrias consideradas estratégicas (defensa, energía, minería, servicios públicos). Una ley aprobada en agosto de 1991 estableció el objetivo de privatizar las empresas comerciales públicas en el plazo de siete años. Con este fin, la ley creó cinco fondos de propiedad privada, que dispondrían aproximadamente del 30 por ciento de las acciones de las compañías comerciales, y un fondo de propiedad estatal, que retendría el 70 por ciento restante. Mediante el fondo de propiedad estatal se formularán y aplicarán programas anuales de privatización cuyo objetivo será completar este proceso a lo largo de siete años. Los cinco fondos de propiedad privada son sociedades anónimas en que ciudadanos rumanos poseen títulos de acciones. Se supone que la reglamentación de los fondos contemplará métodos en virtud de los cuales los accionistas puedan intercambiar sus títulos por acciones efectivas en las mismas empresas.
Por su parte, el proceso de privatización se encuentra sólo en su fase inicial. En lo que respecta a la agricultura, el programa de privatización en gran escala se aplicará tanto a las empresas como a las granjas estatales en los sectores relacionados con la producción y la comercialización, lo que afectaría a un total de 2 200 empresas comerciales. Para 1993, se ha propuesto la privatización de 500 de estas empresas.
Devolución de tierras. La redistribución de tierras comenzó de forma espontánea poco después de la revolución, cuando las cooperativas se disolvieron y los socios se repartieron sus bienes. En febrero de 1991 se aprobaron medidas legislativas al respecto, en virtud de las cuales los miembros de las cooperativas que habían aportado tierras, así como los miembros que no lo habían hecho, quedaban autorizados a reclamar hasta 10 ha, contingente impuesto por la disponibilidad de tierra. En las superficies con excedentes de tierra podrían concederse hasta 10 ha a las familias sin tierras de otras localidades, que quedarían obligadas a fijar allí su residencia y a realizar labores agrícolas. La mayor parte de los ciudadanos son libres de comprar y vender tierra, pero nadie puede poseer más de 100 ha. Se ha establecido una prohibición de 10 años a la venta de tierra por parte de los nuevos propietarios que no la poseían en el pasado. Los ciudadanos extranjeros pueden heredar tierra pero deben venderla en el plazo de un año.
Los antiguos propietarios cuyas tierras se encuentran ahora en fincas estatales no la pueden recuperar. Por el contrario, los 176 000 propietarios cuyas tierras fueron expropiadas por las granjas estatales han pasado a ser accionistas de ellas.
La devolución de tierras en Rumania ha avanzado con mayor rapidez que en ningún otro país de Europa central u oriental. En junio de 1993, el 90 por ciento de los solicitantes habían recibido tierras. La tierra de propiedad privada pasó de 1,4 millones de ha en 1989 a 10,3 millones de ha en 1991, y actualmente representa más del 70 por ciento de la tierra agrícola (el 80 por ciento de la tierra cultivable). En cualquier caso, este proceso ha provocado la vuelta a la estructura agrícola anterior a la segunda guerra mundial, caracterizada por la presencia de pequeñas explotaciones dispersas. El tamaño medio de las nuevas propiedades privadas es de unas 2 ha, integradas en muchos casos por dos o más parcelas no contiguas, también en paralelo con la estructura agrícola anterior a la guerra. El regreso a esta estructura fragmentada ha tenido a corto plazo un impacto muy negativo sobre los rendimientos agrícolas de Rumania.
A largo plazo, se podría llegar a la concentración de estas explotaciones por efecto del mercado de tierras. La venta o transferencia requiere que el vendedor tenga la titularidad última de su tierra, y el proceso de concesión de títulos ha sido muy lento. De los aproximadamente 5 millones de nuevos propietarios a mediados de 1993, sólo 300 000 habían recibido los títulos definitivos. El Gobierno prevé que lo reciban unos 700 000 más dentro de 1993, y que para 1995 el 80 por ciento de los nuevos propietarios tendrán títulos definitivos de sus tierras. Para los posibles compradores resulta también difícil obtener financiación. Se ofrecen hipotecas con altos intereses y plazos de amortización de cinco años.
Otro grave problema de los nuevos propietarios es la falta de maquinaria adecuada. La mayor parte de los tractores son todavía propiedad de los centros estatales de maquinaria denominados Agromecs. Los 611 Agromecs poseen 70 000 tractores y 27 000 cosechadoras, mientras que hay sólo 36 000 tractores en el sector privado. El Gobierno ha introducido un programa de préstamos en condiciones favorables, en el que ofrece crédito a bajo interés a los productores que desean comprar tractores a los Agromecs. No obstante, muchos de los tractores actuales son demasiado grandes para utilizarse en las pequeñas explotaciones privadas.
Formación de nuevas cooperativas. Para contrarrestar los efectos negativos de la fragmentación de tierras, el Gobierno ha alentado a los nuevos agricultores privados a que formen asociaciones. Hay dos tipos de asociación: grupos poco organizados, desde las pequeñas asociaciones familiares (normalmente integradas por tres, cuatro o cinco familias) a agrupaciones algo más amplias pero todavía oficiosas; y asociaciones más rigurosamente estructuradas, registradas jurídicamente. Las asociaciones permiten la puesta en común de las parcelas adyacentes para su cultivo en común. En varios casos, un agricultor con varias parcelas no contiguas puede pertenecer a dos o más de estas asociaciones.
Crédito agrario. El Gobierno ha adoptado varias iniciativas para ayudar a los agricultores a obtener crédito. Los intereses del mercado, del 70 por ciento o más, son prohibitivos para la mayor parte de los productores, dada la baja progresión de los precios agrícolas. La mayor parte del crédito agrario es suministrado por Agrobank. Antes de la revolución, Agrobank tenía sólo 10 000 clientes, ahora tiene 150 000. Además, se ha hecho cada vez más independiente del Banco Nacional de Rumania, del que depende ahora sólo en lo que respecta al 27 por ciento de sus recursos. Pero el 80 por ciento de los préstamos de Agrobank son a corto plazo y el 60 por ciento se destinan a Romcereal, compañía cerealera estatal. Agrobank administra también un programa de préstamos en condiciones favorables, en nombre del Banco Nacional de Rumania, que se conceden con un interés del 15 por ciento y pueden ser utilizados por los productores para comprar insumos. No obstante, la demanda de estos préstamos supera con mucho la oferta: para este programa se suministraron 23 000 millones de lei, mientras que se habían presentado solicitudes por un total de 250 000 millones de lei.
Repercusiones de la reforma económica
En Rumania el deterioro de la mayor parte de los indicadores económicos no ha sido menos grave que en la mayor parte de los otros países de Europa central. El PIB disminuyó un 14 por ciento en 1991 y otro 15 por ciento en 1992. La inflación se aceleró, pasando del 161 por ciento en 1991 al 210 por ciento en 1992. El desempleo subió del 2,7 por ciento en 1991 al 6 por ciento en 1992 y continúa en aumento.
Repercusiones sobre la agricultura. La producción agrícola disminuyó un 14 por ciento en 1992 como consecuencia de la confusión reinante en torno a la distribución de tierras, de la menor utilización de insumos y de la grave sequía del verano de 1992. Se registraron descensos en la mayor parte de los cultivos y productos ganaderos. El descenso acumulado de la producción agraria entre 1989 y 1992 ha sido del 25 por ciento.
La producción total de cereales de 1992 bajó un 38 por ciento. La superficie ocupada por el trigo descendió de 2,1 millones a 1,5 millones de ha y la producción se contrajo un 42 por ciento. El trigo sufrió menos los efectos de la sequía del verano (los rendimientos fueron sólo ligeramente inferiores a los de 1991) que de las perturbaciones provocadas por la redistribución de tierras. La producción de maíz, gravemente afectada por la sequía, bajó un 35 por ciento. La superficie sembrada aumentó casi un tercio, ya que los nuevos productores trataron de producir el pienso necesario para sus animales, pero los rendimientos bajaron un 50 por ciento.
La producción de semillas oleaginosas ha registrado importantes cambios estructurales. La superficie ocupada por el girasol aumentó un 56 por ciento entre 1990 y 1992, mientras que la destinada a la soja disminuyó un 13 por ciento en el mismo período. Lo mismo que en Bulgaria, los productores privados han comprobado que el girasol es fácil de cultivar y que es relativamente resistente a la sequía. El gobierno comunista había procurado aumentar la producción de soja con el fin de aproximarse a la autosuficiencia en la producción de alimentos para consumo animal, pero los rendimientos continuaron siendo bajos. Una vez liberados de las directivas gubernamentales, los productores han perdido claramente interés en la soja.
Quizás se hayan superado ya los efectos negativos iniciales de la redistribución de tierras. Según las estimaciones, la superficie dedicada al trigo en la campaña 1993/94 es de 2,3 millones de ha, cifra aproximada a los niveles tradicionales. La superficie del maíz será muy próxima a la del año pasado y la del girasol ligeramente superior.
Rumania ha sufrido en su sector ganadero perturbaciones semejantes a las de Bulgaria. El principal descenso -31 por ciento entre 1990 y 1992- ha correspondido a los hatos de vacuno, más difíciles de criar en las pequeñas explotaciones privadas. El número de cabezas de ganado porcino disminuyó un 16 por ciento en el mismo período, dada la incapacidad del país de importar harina de soja o maíz en cantidad suficiente. La producción lechera bajó un 14 por ciento entre 1990 y 1992.
Perspectivas y problemas relacionados con las políticas
Es posible que las perturbaciones sufridas por Rumania sean las más graves registradas en los países de Europa central, con excepción de Albania. El hecho de que Rumania, anteriormente gran exportadora, tuviera que importar más de 1 millón de toneladas de cereales en 1990,1991 y 1992 es índice de la magnitud de los problemas con que se está enfrentando. Al mismo tiempo, la inflación continúa siendo elevada, la privatización en gran escala está avanzando con lentitud y el Gobierno parece ser más vacilante que los de otros países de la región en la aplicación a fondo de la reforma. No obstante, esta actitud de cautela no ha ahorrado a Rumania las perturbaciones y las graves e inmediatas repercusiones recesionistas sufridas también por otros países reformadores de la región.
Rumania tiene posibilidades para convertirse en exportadora de varios productos agrícolas, pero ello dependerá de que el Gobierno realice completamente su programa de reforma.
Rumania es un claro ejemplo de los problemas causados por una privatización rápida sin la creación simultánea de la infraestructura institucional necesaria para apoyar el nuevo sector privado. Una de las necesidades más acuciantes parece ser la de agilizar el proceso de concesión de títulos definitivos de propiedad sobre la tierra restituida. Sin un título permanente, los propietarios no pueden vender su tierra ni contribuir a la concentración de las explotaciones.
Asimismo, es necesario diversificar los suministros de insumos y la comercialización, sectores que en su mayor parte se encuentran todavía en manos de los costosos e ineficientes monopolios de propiedad estatal, que mantienen sus márgenes de beneficio rebajando los precios pagados a los productores. En este contexto sería conveniente establecer una red más amplia de cooperativas. Las actuales asociaciones son cooperativas de producción que concentran parcelas adyacentes de tierra para lograr un cultivo más eficaz, y se encuentran todavía en grave desventaja cuando deben tratar con los abastecedores de insumos o las organizaciones de adquisición. También sería necesario crear cooperativas de comercialización e insumos.
El desarrollo de sistemas más adecuados de extensión e información contribuiría a mejorar las perspectivas de la agricultura rumana. Los actuales esfuerzos se orientan a mejorar la estructura de transmisión de información en lo que respecta a los canales de distribución, información del mercado y pronósticos sobre la producción agrícola.
El desarrollo de la agricultura podría recibir también un gran impulso de la supresión de las restricciones a la exportación todavía vigentes, que mantienen bajos los precios al productor y dificultan los suministros. Si Rumania desea reducir o invertir su balanza comercial negativa, tendrá que fomentar las exportaciones. La agricultura es uno de los sectores con mayores posibilidades de generar ingresos de exportación a corto plazo.